Juan Hernández octubre 9, 2018

Arnoldo Cuellar.

Escucho las hipótesis más descabelladas sobre la ratificación que hizo Diego Sinhue Rodríguez de los integrantes del gabinete de Seguridad: que si lo tienen amenazado, que algo le saben, que recibió advertencias del crimen organizado, que le aportaron fondos a su campaña.

Desde luego, no creo ninguna de ellas principalmente porque son imposibles de probar. Sin embargo, me dejan una impresión clara: no hay una sola razón lógica que explique una decisión así para un gobernante que inicia y que tiene sobre sus hombros la pesada carga de aligerar la inercia de 30 años de panismo en Guanajuato, con su cauda de corrupción, ineficiencia, burocratismo y anquilosamiento.

Solo el temor de que la violencia pudiese escalar más aún, escenario que deben de estarle dibujando al nuevo gobernador tanto Carlos Zamarripa como Alvar Cabeza de Vaca, puede explicar la resignación a dejarlos y a tratar de paliar desesperadamente el desgaste que eso le viene produciendo.

Porque Sinhue está en el peor de los mundos posibles en esta materia. Acumula sobre sus hombros el deterioro de la situación que le entregó Miguel Márquez y que es en su mayor parte, responsabilidad del procurador y el secretario a quienes ratificó. No tiene manera de cambiar de estrategia porque quienes la aplican en el terreno son los mismos que se han venido equivocando los últimos años.

Así que, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, el golpe de timón como figura retórica a la que se recurrió en campaña quedó en una simple simulación, en una fórmula para ganar tiempo y en una frase en la que no creía ni el mismo que la pronunciaba.

Para sustanciar un ligerísimo cambio que disfrace la sumisión y la resignación con la que se procedió a continuar la política marquista de negación y de desdén a la realidad, se ha procedido a inventar una serie de parches: responsabilizar al secretario de gobierno de lo que al menos en el papel ya eran responsables sus antecesores: la coordinación de la política de seguridad.

Sin embargo, esto ya se alteró con las propuestas de cambios legislativos y el fortalecimiento de una instancia como el Sistema Estatal de Seguridad Pública a cuyo frente se coloca a un exfuncionario federal cuyo último cargo fue el de secretario técnico de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad, es decir alguien traído a Guanajuato por Cabeza de Vaca.

Con ello empieza lo que se sabía que iba a pasar: que el incombustible dúo dinámico que ni se enteró de que Antonio Salvador García y Gustavo Rodríguez Junquera eran sus “jefes” teóricamente, ya empezó a cercar a Luis Ernesto Ayala y a darle la vuelta a cualquier posible línea de mando.

Lo lamentable es que la estrategia de encapsulamiento de los responsables y designación de un vocero, lo único que hará será darles más impunidad a Zamarripa y Cabeza de Vaca, quienes de por sí han hecho de la opacidad su credo. Será un nuevo funcionario contratado exprofeso quien dará la cara para, como suele ocurrir en estos casos, tender cortinas de humo sobre la realidad.

Sin embargo, lejos de que una estrategia de desinformación y encubrimiento pueda servirle al estado que enfrenta una insurgencia criminal, lo que muy previsiblemente ocurrirá es que la política pública de combate a la delincuencia común y al crimen organizado siga distante de las inquietudes e intereses de la sociedad y por ello persista un divorcio que solo beneficia a quienes trasgreden la ley.

La decisión de mantener a dos funcionarios cuyo ejercicio ha sido marcado por el despotismo, la soberbia y el desinterés de las inquietudes sociales, así como la pretensión de eludir el debate público sobre ese tema, producirá un desgaste en el capital político del gobernador que incluso puede recortarle margen de maniobra en otros terrenos.

Hoy suben de tono y de frecuencia las críticas en los medios locales y comienzan también a volverse tendencia en los nacionales, por la crisis de inseguridad y las decisiones políticas injustificables que se han tomado al respecto.

Opiniones de críticos, columnas políticas, declaraciones de líderes de opinión, posiciones de diputados y también encuestas, contrarrestan el tibio y sospechoso respaldo de una treintena de desplegados aparecidos en medios escritos, operados desde alguna oficina gubernamental, quizá desde la propia secretaría de seguridad o procuraduría de justicia, los cuales opacaron el mensaje principal del gobernador en su toma de posesión.

Como además la política de comunicación social del gobierno se encuentra en una fase de caos inicial, donde opinan demasiadas personas menos quien formalmente ocupa el cargo, las respuestas a la compleja situación van de lo ocurrente a lo patético. No era esto lo que se esperaba de un gobierno que podría representar un recambio generacional en la ya larga marcha del panismo guanajuatense.

Por lo pronto, hasta este momento no se ve a Diego Sinhue Rodríguez como el jefe de Carlos Zamarripa y Alvar Cabeza de Vaca, sino como el rehén de una incómoda situación donde muchos opinan, varios más meten mano y, al parecer, nadie decide con frialdad y objetividad.

Es la mejor definición de río revuelto.

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