Hernández Haddad revela información que ocultó el gobierno de Zedillo

En 1994, Humberto Hernández Haddad era cónsul general de México en San Antonio,Manuel Muñoz Rocha, diputado vinculado con el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. ¿Qué pasó con la solicitud de extradición? ¿Qué funcionarios la enterraron y por qué? Dos décadas más tarde y con el respaldo de documentos oficiales, algunos recientemente desclasificados, el abogado y diplomático, publica El eslabón perdido (Grijalbo), una investigación que identifica qué funcionarios de ambos gobiernos podrían haber bloqueado la solicitud de extradición.

Texas. Desde ese cargo participó de la correspondencia entre los gobiernos de Estados Unidos y México, para extraditar a

 ¿Por qué hablar de las muertes de Colosio o Ruiz Massieu como magnicidios, cuando este término se utiliza para los presidentes?
 
Es correcto, pero no existe una definición legal que establezca que la palabra magnicidio sea exclusiva para presidentes, se puede aplicar a grandes líderes. Cuando mataron a Martin Luther King, yo era estudiante en Harvard y de visita en Memphis, un grupo de funcionarios nos enseñó el cálculo económico de las revueltas y saqueos promovidos por grupos radicales del sur profundo en Estados Unidos. Y en el caso de México, todavía están por calcularse los costos económicos de lo sucedido de 1994, pero te puedo asegurar que es uno de los años donde la economía mexicana ha recibido mayor castigo.
¿Por qué publicar ahora El eslabón perdido?
El libro es objeto de una rigurosa recopilación de pruebas desclasificadas recientemente. De hecho, me reservo mi opinión y menos planteo hipótesis alguna. Me limito a poner en conocimiento de la ciudadanía los documentos que se han ido desclasificando en Estados Unidos y México.
Uno de ellos es la solicitud de detención con fines de extradición de Manuel Muñoz Rocha, que en su momento fue desconocida por el gobierno de Zedillo.
Así es. La realidad es que no se le podía detener porque no había sido desaforado. Nunca se hizo el juicio de procedencia. Aún solicitando su detención con fines de extradición al gobierno de Estados Unidos, había un vicio jurídico fundamental: se trataba de detener a un miembro del Congreso a quien no se le había retirado su inmunidad constitucional. La PGR y Relaciones Exteriores nunca informaron al Poder Judicial de la existencia de esa solicitud presentada el 8 de octubre 1994 ante el Departamento de Estado en Washington, por eso el Poder Judicial de la Federación terminó expidiendo una sentencia con alcances absolutorios y que cancelaba la orden de aprensión por prescripción de tipo penal. Curiosamente, en el décimo quinto aniversario del asesinato de Colosio se expidió esa sentencia en el primer Tribunal Unitario en materia penal del primer circuito.
¿A qué atribuye que el Poder Judicial no se enterara de la solicitud que se emitió desde el consulado donde usted trabajaba?
A mí no me toca dar opinión ni tampoco imaginármela. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos es, en el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a saber, preguntarnos: ¿y aquí qué pasó?
Pero usted fue parte de ese proceso, era parte del consulado mexicano…
Todo lo que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le informó a mi oficina como Cónsul general de México en San Antonio, Texas, se transmitió el mismo día con número de folio, expediente y fuente oficial a las autoridades mexicanas. Incluso cuando el personal del consulado mostraba fatiga y me pedía hacer los informes al día siguiente, siempre respondí que en materia diplomática las cosas se necesitan comunicar el mismo día en que se generan por de lo contrario se convierten en historia.
 José Ángel Gurría tiene una participación importante en este sentido…
Sí, pero todo está documentado porque fue presentado debidamente ante las autoridades competentes. El primer informe que se envió tiene incluso una orden terminante manuscrita que dice textualmente: ‘Se informó al procurador Lozano Gracia’. Le pedí a la PGR que me diera copia certificada de ese documento y respondió que nunca le fue entregado. A su vez solicité a la Secretaría de Relaciones Exteriores copia certificada del acuse de recibo y contestaron que no existe tal acuse. Del mismo modo, en materia de responsabilidades administrativas denuncié a los funcionarios responsables ante la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativa (SECODAM), dirigida entonces por Arsenio Farell Cubillas, quien de inmediato contestó que se le habían dado instrucciones al contralor interno de la PGR, Eduardo López Figueroa para que hiciera la denuncia ante la PGR y acusó recibo diciendo que recibió la instrucción y las cuarenta y ocho pruebas documentales anexas a la denuncia. Esperé un tiempo prudente y hasta que le pedí la PGR copia certificada de ese procedimiento.  Respondió que después de una búsqueda exhaustiva nunca se inició el procedimiento porque no le fue presentada la documentación que la SECODAM le había ordenado a su contralor interno presentar.
¿Cuál es su lectura de estos hechos?
Deje que en esta ocasión me la reserve. Ya la expresaré después, ahora lo que me toca es exponer los hechos.
En un sentido primigenio, su libro plantea una crítica y reflexión acerca de la transparencia en México.
Por su puesto. México ha hecho un gran sacrificio y no ha escatimado en esfuerzos económicos por tener instituciones democráticas, pero la democracia requiere de tres factores y si falta uno no funciona: la igualdad, la rendición de cuentas y la transparencia.
Y en los tres no estamos precisamente bien…
Dice la CEPAL que la región más desigual del planeta es América Latina. Y el país con la tasa más alta es México. El libro plantea una pregunta: ¿Cuándo vamos abordar el tema de la rendición de cuentas con transparencia para buscar la igualdad? El país tiene zonas de exclusión social cada vez más amplias y sin un clima de rendición de cuentas. Hace unos días el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un estudio sobre cuánto cuesta la ruptura del Estado de Derecho en América Latina. Los dos países con mayor pérdida son México y Brasil. Aquí rosamos el diez por ciento del PIB. No hay economía que resista un lastre de esa magnitud. Necesitamos abordar con objetividad qué está pasando a nuestro país en esta materia.
Cada 23 de marzo se habla del asesinato de Colosio, aparecen libros, surgen teorías e información, pero no se va a más.
Con el libro intento explicar al lector que una ciudadanía que se aleja de las hipótesis y parte de la base de las pruebas fehacientes y acciona el ejercicio de sus derechos constitucionales, es una ciudadanía capaz de cuidar de las instituciones expuestas a malos servidores públicos las hagan fallar. Las instituciones no sólo están a cargo de los funcionarios, incluyen también a los ciudadanos. Por eso en materia de transparencia y acceso a información gubernamental el principio es el siguiente: el dueño de la información es el ciudadano. El gobierno puede objetar acceso a la información cuando se refiere a casos de seguridad nacional, patente, secretos fiduciarios o cuando pone en peligro la salud pública. El resto del contenido de los archivos del gobierno es propiedad del ciudadano que lo solicite. En el libro se recuperan 120 informes consulares que demuestran que hubo un cumplimiento eficiente desde el consulado de San Antonio.
¿Es justificable qué Los archivos de los casos Colosio y Ruiz Massieu sean de seguridad nacional?
No tengo porqué dar una opinión. Mi función en este caso es dar a conocer si tuve o no conocimiento sobre una serie de acontecimientos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado treinta y tres documentos considerados secretos.  Dieciocho son del Departamento de Estado y quince de la DEA. No tienen fecha para ser desclasificados, pero en algún momento tendrán que ser abiertos.

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