Organizaciones ganan amparo contra Ley de Seguridad en Guanajuato

Gustavo Castillo y Fernando Camacho (La Jornada)

Un juzgado de distrito con sede en Guanajuato admitió a trámite este viernes un juicio de amparo interpuesto por diversas organizaciones civiles y de derechos humanos en contra de la Ley de Seguridad Interior (LSI), por considerar que dicha norma es excesivamente vaga en sus conceptos y puede propiciar violaciones a las garantías básicas de los quejosos y de la población en general.

La titular del Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato, Karla María Macías Lovera, concedió el amparo indirecto identificado con la clave 73/2018, en cuya sentencia se advierte que al menos siete artículos de la polémica norma son violatorios de los principios constitucionales y de los derechos humanos.

Lo anterior, luego de que diversos organismos solicitaran el amparo y enviaran amicus curiae para sustentar su dicho. Entre los colectivos promotores del juicio se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Artículo 19.

En su fallo, la juzgadora estimó que “la sola entrada en vigor de las normas impugnadas sí afecta y condiciona conductas inherentes a la actividad de los quejosos como promotores de derechos humanos”.

Con base en jurisprudencia e informes de diversos organismos –entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos–, Macías Lovera también indicó que varios artículos de la LSI inhiben el ejercicio de los derechos de acceso a la información, libertad de expresión, reunión,asociación, privacidad y protección de datos personales de quienes promovieron el juicio.

Uno de los puntos más importantes de la sentencia indicó que “la vaguedad y falta de identidad conceptual del término ‘seguridad interior’ contravienen los derechos de legalidad y seguridad jurídica de los quejosos”, pues la ausencia de una noción clara sobre el tema “impide comprender en qué consiste una amenaza y, por tanto, un riesgo a la seguridad interior”.

De igual manera, el fallo señaló que “la falta de claridad sobre en qué momento intervendrán las autoridades, el desconocimiento de qué autoridad será la encargada de aplicar la ley y la falta de parámetros para el uso de la fuerza, genera un estado de incertidumbre y un efecto amedrentador para los quejosos e, incluso,para cualquier persona que se encuentre en el país y que pretenda manifestarse públicamente”.

Este es el segundo juicio de amparo en contra de la LSI que se resuelve a favor de los promotores –los dos se aprobaron justamente el viernes—y forma parte de más de 500 solicitudes de este tipo que se han interpuesto en contra de la norma.

Comentarios Facebook

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Ir a la barra de herramientas